Un análisis serio de la debilidad estatal debería tomar en consideración indicadores políticos, económicos, sociales y culturales para medir en forma integral el desempeño del Estado.
En 1993 aparece en el campo académico estadounidense un nuevo concepto. Se trata de la noción de "Estado fallido" que, junto con otras etiquetas como la de país “subdesarrollado”, “tercermundista”, “pseudodemocrático”, “narcodemocrático”, “totalitario”, “autoritarista”, “descertificado”, “terrorista”, “paria”, “rebelde”, viene a engrosar la lista de los peores estigmas internacionales que puede sufrir una nación. Incluso desde antes, a partir de parámetros disímiles de medición de la descomposición del aparato estatal, algunos países, en especial del África, habían empezado a ser catalogados en la comunidad científica como “cuasi-Estados” (Jackson, 1987), y luego como “Estados sombra” (Reno, 2000), “Estados premodernos” (Cooper, 2002), “áreas sin ley” (Cirino, 2002), “Estados dentro del Estado” (Kingston y Spears, 2004), entre otros.
Después de los ataques del 11 de septiembre, el debate adquirió relevancia geopolítica mundial. En la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el Presidente Bush en septiembre de 2002, los Estados débiles y en vías de fracaso fueron considerados una “amenaza” mayor para la seguridad de Estados Unidos que aquellos con pretensiones de expansión. Desde entonces, el fracaso estatal dejó de ser una mera categoría académica para convertirse en un indicador que repercute en el tratamiento que reciben los Estados en la comunidad internacional por parte de gobiernos, organizaciones multilaterales, tanques de pensamiento, universidades y académicos, al tiempo que determina y justifica propuestas de intervención.
Pero, ¿qué es un Estado fallido? La función primordial de todo Estado es proveer bienes políticos a sus ciudadanos. Bienes que determinan el contenido del contrato social que justifica su existencia y cuya definición depende de la concepción estatal que se adopte. Así, desde la perspectiva de Weber, el Estado se define como aquel que tiene el “monopolio legítimo de la violencia”, es decir, básicamente la entidad que controla un territorio y garantiza dentro de él la seguridad y la aplicación del Derecho. Por su parte, una mirada contractualista del Estado (Hobbes, Locke, Rousseau) permite valorar su grado de éxito por los orígenes (legitimidad) y el nivel de justicia social (Rawls) que garantiza. En esta medida, los indicadores económicos y sociales adquieren tanta relevancia como los jurídicos y políticos. A su vez, una concepción estatal jurídica internacionalista (Kelsen, Carré de Malberg, Jellinek, Heller) hace énfasis en el reconocimiento internacional de la soberanía nacional del Estado como su elemento definitorio esencial, de modo que países hoy no reconocidos por la ONU o “pseudoestados” (Palestina, Kosovo, Puerto Rico, República del Norte de Chipre) no sólo serían fracasados sino que carecerían de su carácter de tales.
Por otra parte, según el campo del conocimiento desde el que se avance, el análisis de la debilidad estatal dará prioridad a distintos tipos de indicadores: un economista no dudará en considerar el ingreso per cápita, la inflación, la tasa de desempleo o el índice de desarrollo humano como indicadores críticos; mientras un politólogo privilegiará el control del territorio, la aplicación del derecho, la legitimidad de las instituciones o la estabilidad del régimen.
En suma, un análisis serio de la debilidad estatal debería tomar en consideración y ponderar, de acuerdo con el contexto, diversos parámetros (políticos, económicos, sociales, culturales) para medir el grado de éxito estatal, medición que siempre arrojará una ubicación en la línea históricamente oscilante de fortaleza-debilidad, y dependerá, por supuesto, de la prelación que se le dé a cada uno de los aspectos de la acción estatal.
El tránsito de Colombia por el muro de la vergüenza en materia de precariedad estatal ha sido dramático. En lo que va del siglo se le ha catalogado de Estado “en vías de fracaso” (Mason, 2000), “débil” (McLean, 2002) y “parcialmente colapsado” (Pizarro 2004). En 2005 la revista Foreign Policy y el Fondo para la Paz encendieron aún más las alarmas con la publicación del primer Índice Global de Estados fallidos donde Colombia figuró en el puesto 14 como un Estado fracasado, en el mismo margen ”crítico” de descomposición y peligro inminente de colapso que países como Sudán (puesto 3), Irak (4), Somalia (5), Haití(10) y Afganistán(11).
Desde entonces, el nivel de alarma en el mencionado índice que se publica anualmente ha venido descendiendo: en 2006 el país apareció en el puesto 27 (aún en peligro), en 2007 en el 33, en 2008 en el 37, en 2009 en el 41, hasta ubicarse el año pasado en la casilla 46, ya por fuera de la zona de peligro (ahora en la zona gris o borderline).
Recientemente, el ex Presidente Uribe y el Presidente Santos, el primero en una conferencia que dictó en la Universidad de Oxford el 20 de septiembre de 2010, y el segundo en una que dio en Nueva York dos días después, utilizaron la misma fórmula para hablar del país: “Colombia: de Estado fracasado a estrella emergente”.
De manera que ahora somos “una estrella emergente”. Sin duda, una estrella emergente del desempleo: el más alto del subcontinente en 2009 (13%) y 2010 (12,4%), según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); la desigualdad: con un coeficiente de Gini nacional de 0,578 Colombia fue el país más desigual de América Latina en 2009 y, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 de la ONU, la “pérdida en desarrollo humano potencial debido a la desigualdad” sigue siendo altísima (28.6%); la corrupción: puesto 78 entre 178 en el mundo y 10 entre 18 del contexto latinoamericano, según el índice de Transparencia Internacional; los desplazados por la violencia: con un récord mundial imbatible (superando a Irak y Afganistán) de tres millones setecientos cincuenta y ocho mil personas desplazadas por la violencia, según las últimas cifras disponibles del ACNUR y el CODHES; y ahora también de damnificados por las inundaciones y el invierno: más de dos millones y una reconstrucción del país por hacer que se estima que costará doce billones de pesos.
Aunque es cierta la avanzada del Estado en términos de recuperación del territorio frente a las guerrillas (no así en términos de seguridad, según los últimos índices de violencia urbana), la supuesta “desmovilización” paramilitar que tuvo lugar durante el gobierno de Uribe ha sido recientemente desvirtuada por la emergencia de los “neoparamilitares” y las Bacrim. Los resultados en seguridad se han visto además gravemente empañados por el deterioro de los demás indicadores sociales y económicos que, finalmente, son el costo directo que hoy paga el país por haber invertido (¿dilapidado?) una porción cada vez mayor del PIB en defensa hasta alcanzar un pico del 6 por ciento en 2008.
Todo esto sin hablar del costo en términos de debilitamiento institucional que supusieron los dos últimos gobiernos, convirtiendo a Colombia en un “Estado Alterado” (García y Revelo, 2010) debido al tránsito en varias regiones del país del clientelismo que tradicionalmente lo había caracterizado a una captura frontal de las instituciones por parte de las estructuras mafiosas y paramilitares: hoy una tercera parte de los funcionarios de elección popular que gobernaron durante la última década están procesados por “parapolítica” (Claudia López, 2010).
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