29 abr. 2011

Álvaro Uribe y el terrorismo

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No cabe duda de que cuando el ex presidente olvida el nombre de alguien o algo, automáticamente, por un acto reflejo, lo llama terrorista.

Al ex presidente Álvaro Uribe le encanta la palabra terrorismo y sus derivados. Es el vocablo que define el derrotero central de todo su universo político.

Cuando llegó a la Presidencia, declaró  la inexistencia del conflicto armado interno colombiano (nada menos que el más antiguo de los que subsisten en el  mundo) y de sus actores subversivos, reduciéndolos a la simple condición de “terroristas”. 

No es que las FARC no sean terroristas. Evidentemente lo son porque cometen actos terroristas, pero desbordan la noción. También son, aunque ello no embone con la rudimentaria cosmogonía uribista, un grupo subversivo que aspira a derrocar al Estado.

De igual modo, el país sí padece un conflicto armado y enfrenta varios ejércitos irregulares, en lugar de una banda de fundamentalistas prestos a inmolarse en cada supermercado, como el ex mandatario pretende.

Esta prematura salida en falso fue apenas el prefacio de lo que ahora podríamos llamar “la dialéctica uribista del delirio terrorista”. A día de hoy, en el particular vocabulario del ex mandatario, terrorista es toda persona que lo critica, o cualquier entidad abstracta que funciona con independencia de sus caprichos, como el Derecho Internacional Humanitario (ya veremos por qué).

A lo largo de su vertiginosa carrera de malversación adjetival, Uribe llamó “terroristas vestidos de civil” a los miembros de la oposición, y a varias ONG’s que denunciaron la deslucida gestión de su gobierno en la protección de los derechos humanos, las acusó de “actuar al servicio del terrorismo”. Luego se dedicó a insultar a los mejores periodistas de Colombia: de Hollman Morris dijo que se escudaba en su condición de periodista “para ser permisivo cómplice del terrorismo", y a Daniel Coronell lo acusó por Twitter de “mafioso, sicario, bandido y mentiroso redomado”.

Pero aún no satisfecho con su prolijo prontuario de sandeces, decidió arremeter la semana pasada contra el Premio Nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, llamándolo “vocero y defensor de terroristas”.

Esta práctica neurótica ya nos resulta familiar. Es la manifestación de ese singular vicio del habla que se conoce como “anomia” y consiste, según el DRAE, en el “trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre”. Porque no cabe duda de que cuando el ex presidente olvida el nombre de alguien o algo, automáticamente, por un acto reflejo, lo llama terrorista.

Sin embargo, los pasatiempos de Uribe no se limitan al terrorismo dialéctico. También  prohíja una fascinación incontrolada por el terrorismo judicial, es decir, por intimidar personas que lo critican con base en pruebas o hechos de conocimiento público, mediante demandas judiciales por injuria y calumnia, como ocurrió la semana pasada con el Nobel Pérez Esquivel. Se trata de un ejercicio muy de moda por estos días entre ex presidentes colombianos, el de querer limpiar con falsas causas judiciales contra periodistas y figuras que sí gozan de prestigio social, el lodazal de corrupción que dejaron tras su gobierno. Claro, el mundo al revés.

Pero volvamos al delirio terrorista verbal. En una entrevista que le concedió al diario caleño El País el domingo pasado, Uribe inauguró una nueva dimensión hasta entonces desconocida de su terrorismo dialéctico. Esta vez sus afirmaciones desbordaron la mera disfunción anómica para entrar en terrenos del surrealismo. Afirmó que “hay un terrorismo jurídico que está paralizando a las fuerzas militares”. Este terrorismo, en su entender, consiste en que no le permiten al Ejército violar el Derecho Internacional Humanitario bombardeando a los narcotraficantes y las bandas criminales, en lugar de esforzarse por capturar a sus miembros.

Pero allí no paró la psicosis. Como en una película de Luis Buñuel, Uribe se atrevió a afirmar que “frente a la Presidencia lo que yo tengo es gratitud con mis compatriotas que me permitieron ejercerla ocho años” (se subraya).

¡Oígase esto! Ahora nosotros, “sus compatriotas”, fuimos quienes le permitimos acceder en forma ilegal a la Presidencia durante su segundo período, mediante la comisión del delito de cohecho. Semejante afirmación daría para una denuncia judicial masiva por calumnia, de parte de todos los colombianos que no violamos el Código Penal. ¿Cómo se atreve el ex presidente a endilgarnos a los colombianos que respetamos la ley la comisión de semejante hecho punible tan repudiable?  

¿Acaso olvidó tan pronto el escándalo de la Yidispolítica? Señor Uribe, le refresco la memoria: en lo que a los colombianos que sí respetamos el ordenamiento jurídico respecta, usted solo fue presidente del país durante los primeros cuatro años. Si alguien le permitió usurpar el cargo presidencial durante otros cuatro, fueron los parlamentarios corruptos que hoy están en la cárcel porque vendieron su voto a cambio de notarías y otras dádivas, para que fuera ilegalmente aprobada en el Congreso la reforma constitucional que lo habilitó para presentarse nuevamente a elecciones.

No abuse en las entrevistas de la fama de desmemoriados que tenemos los colombianos. No olvide que la Corte Suprema de Justicia, cuando condenó a Yidis Medina, precisó que el Acto Legislativo No. 2 de 2004, ese adefesio jurídico que preparó la catástrofe que sería su segundo mandato presidencial, fue ilegítimo: "La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas (...) La Corte Constitucional ha señalado que es posible advertir actos de desviación de poder en los trámites que cumple el Congreso de la República, resultando paradigmática tal circunstancia cuando por medio del cohecho se consigue que uno de sus miembros apoye una iniciativa que no era de su agrado y que inclusive rechazó públicamente (...) Tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada”.

De no ser porque no me regalaron el diploma de abogado (como a ciertos ex presidentes que se la pasan denunciando temerariamente por injuria y calumnia) sé que, para su fortuna, además de ser la responsabilidad penal en cabeza del sujeto activo necesariamente individual, los sujetos pasivos de los delitos deben estar determinados, razón por la cual no cabe la posibilidad de denunciarlo junto con “mis compatriotas” por “calumnia colectiva”, pues sería otra forma de terrorismo judicial.

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