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28 feb 2010

Democracia, desarrollo y paz: la triple deuda de los políticos con América Latina.

Descubrí este oasis de palabras gracias a un amigo: el discurso con que el Presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, que sí hizo la tarea para la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Cancún el 22 de febrero pasado (en lugar de ponerse a insultar en forma vergonzante a otros jefes de Estado), se despide de la Presidencia de su país. El diagnóstico que hace Arias sobre por qué Latinoamérica sigue sumida en el subdesarrollo, es de una lucidez implacable. Que lo disfruten.

QUE CADA PALO AGUANTE SU VELA

Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, amigas y amigos:

Quiero agradecer al Presidente Felipe Calderón, y al pueblo mexicano, por la hospitalidad con que hemos sido recibidos en esta maravillosa esquina del mundo. Como ustedes saben, mi país ha conquistado en estos días un pendón más en la lucha por una mayor inclusión femenina. Tengo el honor de presentar, ante ustedes, a la primera Presidenta de la República de Costa Rica. Doña Laura Chinchilla es una extraña aleación de la política: es el producto de fundir los mejores metales de la prudencia, la honestidad, la inteligencia y la valentía. Presentarla ante ustedes es para mí un inmenso orgullo.

Ésta es mi última participación en una cumbre internacional. No pretendo despedirme de América Latina ni del Caribe. Los sueños de esta región los llevo atados al centro de mi vida. Pero sí debo despedirme de ustedes, colegas, hermanos, compañeros de viaje. Debo despedirme de este auditorio que resume, en un racimo de voces, las esperanzas de más de 600 millones de personas, casi una décima parte de la humanidad. Es en nombre de esa estirpe latinoamericana que quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Es en nombre de la prosapia que habita más allá de estas puertas, y que exige de nosotros la osadía de construir un lugar más digno bajo el sol.

A pesar de los discursos y de los aplausos, lo cierto es que nuestra región ha avanzado poco en las últimas décadas. En ciertas áreas, ha caminado resueltamente hacia atrás. Muchos quieren abordar un oxidado vagón al pasado, a las trincheras ideológicas que dividieron al mundo durante la Guerra Fría. América Latina corre el riesgo de aumentar su insólita colección de generaciones perdidas. Corre el riesgo de desperdiciar, una vez más, su oportunidad sobre la Tierra. Nos corresponde a nosotros, y a quienes vengan después, evitar que eso suceda. Nos corresponde honrar la deuda con la democracia, con el desarrollo y con la paz de nuestros pueblos, una deuda cuyo plazo venció hace siglos.

Honrar la deuda con la democracia quiere decir mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar cartas democráticas o celebrar elecciones periódicas. Quiere decir construir una institucionalidad confiable, más allá de las anémicas estructuras que actualmente sostienen nuestros aparatos estatales. Quiere decir garantizar la supremacía de la ley y la vigencia del Estado de Derecho, que algunos insisten en saltar con garrocha. Quiere decir fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, profundamente amenazado por la presencia de gobiernos tentaculares, que han borrado las fronteras entre gobernante, partido y Estado. Quiere decir asegurar el disfrute de un núcleo duro de derechos y garantías fundamentales, crónicamente vulnerados en buena parte de la región latinoamericana. Y quiere decir, antes que nada, la utilización del poder político para lograr un mayor desarrollo humano, el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes y la expansión de las libertades de nuestros ciudadanos.

No se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región gobiernos que se valen de los resultados electorales para justificar su deseo de coartar libertades individuales y perseguir a sus adversarios. Se valen de un mecanismo democrático, para subvertir las bases de la democracia. Un verdadero demócrata, si no tiene oposición, debe crearla. Demuestra su éxito en los frutos de su trabajo, y no en el producto de sus represalias. Demuestra su poder abriendo hospitales, caminos y universidades, y no cerrando medios de comunicación. Un verdadero demócrata demuestra su energía combatiendo la pobreza, la ignorancia y la inseguridad ciudadana, y no imperios extranjeros, conspiraciones secretas e invasiones imaginarias. Esta región cansada de promesas huecas y palabras vacías, necesita una legión de estadistas cada vez más tolerantes, y no una legión de populistas cada vez más autoritarios. Es muy fácil defender los derechos de quienes piensan igual que nosotros. Defender los derechos de quienes piensan distinto, ése es el reto del verdadero demócrata. Ojalá nuestros pueblos tengan la sabiduría para elegir gobernantes a quienes no les quede grande la camisa democrática.

Y ojalá también sepan resistir la tentación de quienes les prometen vergeles detrás de la democracia participativa, que puede ser un arma peligrosa en manos del populismo y la demagogia. Los problemas de Latinoamérica no se solucionan con sustituir una democracia representativa disfuncional, por una democracia participativa caótica. Parafraseando a Octavio Paz, me atrevo a decir que en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Antes de vender tiquetes al paraíso, preocupémonos primero por consolidar nuestras endebles instituciones, por resguardar las garantías fundamentales, por asegurar la igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos, por aumentar la transparencia de nuestros gobiernos, y sobre todo, por mejorar la efectividad de nuestras burocracias. Mi experiencia como gobernante me ha comprobado que los nuestros son Estados escleróticos e hipertrofiados, incapaces de satisfacer las necesidades de nuestros pueblos y de brindar los frutos que la democracia está obligada a entregar.

Esto tiene serias consecuencias sobre nuestra capacidad de honrar la segunda deuda que he querido mencionarles, la deuda con el desarrollo. Una deuda que, repito, tenemos que honrar nosotros. Ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna de América Latina, explican el hecho de que nos rehusemos a aumentar nuestro gasto en innovación, a cobrarle impuestos a los ricos, a graduar profesionales en ingenierías y ciencias exactas, a promover la competencia, a construir infraestructura o a brindar seguridad jurídica a las empresas. Es hora de que cada palo aguante la vela de su propio progreso.

¿Con qué derecho se queja América Latina de las desigualdades que dividen a sus pueblos, si cobra casi la mitad de sus tributos en impuestos indirectos, y la carga fiscal de algunas naciones en la región apenas alcanza el 10% del Producto Interno Bruto? ¿Con qué derecho se queja América Latina de su subdesarrollo, si es ella la que demuestra una proverbial resistencia al cambio cada vez que se habla de innovación y de adaptación a nuevas circunstancias? ¿Con qué derecho se queja América Latina de la falta de empleos de calidad, si es ella la que permite que la escolaridad promedio sea de alrededor de 8 años? Y sobre todo, ¿con qué derecho se queja América Latina de su pobreza si gasta, al año, casi 60.000 millones de dólares en armas y soldados?

La deuda con la paz es la más vergonzosa, porque demuestra la amnesia de una región que alimenta el retorno de una carrera armamentista, dirigida en muchos casos a combatir fantasmas y espejismos. Demuestra, además, la total incapacidad para establecer prioridades en América Latina, una práctica que impide la concreción de una verdadera agenda para el desarrollo. Hay países que sufren conflictos internos, que pueden justificar un aumento en sus gastos de defensa nacional. Pero en la gran mayoría de nuestras naciones, un mayor gasto militar es inexcusable ante las necesidades de pueblos cuyos verdaderos enemigos son el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la desigualdad, la criminalidad y la degradación del medio ambiente. Es lamentable que en esta Cumbre de la Unidad se reúnan países que se arman los unos contra los otros. Y es también lamentable que en esta Cumbre de la Unidad se encuentre ausente el Gobierno de Honduras, cuyo pueblo es víctima del militarismo y no merece castigo, sino auxilio.

Si hace veinte años me hubieran dicho que en el 2010 estaría todavía condenando el aumento del gasto militar en América Latina, probablemente me habría sorprendido. ¿Cómo, después de haber visto los cuerpos destrozados de jóvenes y niños heridos en la guerra, podía esta región anhelar un retorno a las armas? ¿Cómo habría de permitir el dantesco desfile de cohetes, misiles y rifles que pasa frente a pupitres desvencijados, loncheras vacías y clínicas sin medicinas? Algunos dirán que me equivoqué al confiar en un futuro de paz. No lo creo. La esperanza nunca es un error, no importa cuántas veces sea defraudada.

Amigas y amigos Presidentes y Jefes de Gobierno:

Yo aún espero un nuevo día para América Latina y el Caribe. Espero un futuro de grandeza para nuestros pueblos. Llegará el día en que la democracia, el desarrollo y la paz llenarán las alforjas de la región. Llegará el día en que cesará el recuento de las generaciones perdidas. Puede ser mañana, si nos atrevemos a hacerlo. Puede ser el próximo año, la próxima década o el próximo siglo. Por mi parte, yo seguiré luchando. Sin importar las sombras, seguiré esperando la luz al final del arcoíris. Seguiré luchando hasta que llegue el día.

Muchas gracias.
Óscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica



Discurso pronunciado en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe
Cancún, México, 23 de febrero de 2010


25 feb 2010

Reseña de 2012, de Roland Emmerich (2009)

Director: Roland Emmerich
Categoría: Ciencia Ficción
País: Estados Unidos
Año: 2009

“Un mundo nuevo está a punto de nacer, y un científico joven valdrá más que veinte políticos viejos”. Con estas palabras se despide el Presidente de los Estados Unidos, Thomas Wilson (Danny Glover), al ceder su puesto en una de las “arcas” que salvarán a unos cuantos “escogidos”, de Adrian (Chiwetel Ejiofor), el geólogo que le advirtió a la Casa Blanca que el mundo estaba ad portas de su final, para que diseñara un plan global de evacuación que preservara la especie humana. El filme es, desde luego, un embutido de lugares comunes de Hollywood que lo convierten en el típico enlatado apocalíptico que tan bien conocemos: Knowing (2009), I Am Legend (2007), The Day After Tomorrow (2004), 28 Days Later (2002), Armageddon (1998), Deep Impact (1998), Independence Day (1996), son los más recientes representantes del género que me vienen a la cabeza. En él encontramos las habituales ridiculeces que ya conocemos de memoria: el héroe chistoso, entre estúpido y genial, en este caso un escritor fracasado y talentoso (John Cusack), algo que, dicho sea de paso, no corresponde tanto al género de la ciencia ficción; el loco visionario, aquí un periodista, Charlie Frost (Woody Harrelson); niños superdotados y conflictivos; efectos especiales deslumbrantes; diálogos particularmente idiotas; chistes fáciles; escenas de supervivencia inverosímiles; el conflicto entre los “buenos” (los que piensan en los demás así sea a costa de su propia vida) y los “malos” (los que quieren salvar su trasero a como dé lugar); y claro, el amor como sentimiento redentor de la humanidad en las situaciones extremas.
La película, hay que repetirlo, es malísima, pero a veces los peores bodrios le dan la razón, mutatis mutandis, a Cervantes, cuando escribía que “no hay libro tan malo que no tenga algo bueno”, pues resultan transmitir mensajes de importancia que se pueden rescatar. Si me le mido a reseñar un verdadero “hueso” es sólo porque las palabras de despedida del Presidente Thomas Wilson son ilustrativas del mundo de los políticos, donde apenas unos cuantos piensan en algo distinto de sí mismos. El escenario cataclísmico que plantea la película es el siguiente: ante el descubrimiento del inminente final a causa del recalentamiento del núcleo y la corteza terrestres, los líderes políticos del mundo, en lugar de obrar con honestidad y contarle a la gente la verdad (¡Oh sorpresa!), prefieren emprender la construcción clandestina de unas cuantas arcas para que se salven unos pocos (ellos los primeros, por supuesto), que se financia con el dinero de los millonarios del planeta (1000 millones de euros cuesta el “tiquete” por cabeza) que, así se trate de los ejemplares más estúpidos y mezquinos de la especie (un detestable empresario del boxeo, Yuri Karpov, interpretado por Zlatko Buric, encarna a este arquetipo), logran gracias a su dinero reservar lugar al lado de los especímenes mejor dotados genéticamente.

Estamos en época preelectoral y la pregunta obvia que nos asalta como ciudadanos, en medio del lodazal de la política nacional, es por qué políticos votar. Y la respuesta más sensata que se puede dar es recordar que los políticos, desde que existen como plaga social, se han dividido en dos grandes grupos: la gran mayoría de los que sólo actúan en favor de su “interés particular” y consideran su oficio como una profesión más, es decir, un medio para lucrarse a como dé lugar, y la minoría de los que conocen la noción de “interés general”, que tienen consciencia de lo público, llámesele solidaridad, altruismo, vocación de servicio, sensibilidad social o simples ganas de ayudar (en lugar de robar). Así que, al margen del partido al que pertenezcan (aunque sin perder de vista que algunos de los partidos actuales, en virtud de la hoja de vida y antecedentes de sus miembros, más parecen bandas criminales), lo importante es escoger candidatos del segundo tipo, de los que no aspiran a puestos de elección popular para enriquecerse. O al menos no sólo para eso.

Lea y comente esta reseña en ochoymedio.info, el portal de crítica de cine más importante de Colombia. Porque el cine también es bueno leído.



Adenda: ¿cómo saber si un político es del primer tipo? Dos pistas: de un lado, nuestra política está llena de “genios” con “grandes campañas”, pero sin programa. Es curioso, pero en Colombia muchos candidatos no tienen reparo en invertir miles de millones en publicidad y compra de votos, mientras no destinan uno solo para la realización de estudios serios sobre las necesidades del país. Aquí, los políticos por lo general primero lanzan sus campañas (sin haber estudiado ni pensado los principales problemas que plantea el país, su historia, el contexto latinoamericano, los procesos mundiales de transformación que están en marcha y lo afectan directamente como la globalización, la desestatización, etc.) y luego, si por azar divino o simple casualidad se les ocurre (o les dicen) algo inteligente, lo proponen, pero más que proponer, improvisan. Como consecuencia de ello, estamos llenos de “reformadores analfabetas”, es decir, de ignorantes llenos de poder pero carentes de ideas. En una democracia seria los políticos, antes que cualquier otro actor social, deben tener tras de sí una serie de publicaciones que permita conocer su pensamiento. Todo esto sin mencionar las “nuevas figuras” de la política nacional: actores, bailarines, humoristas, deportistas, que sin duda nos iluminarán con su profundo conocimiento de la res publica.
De otro lado el asunto, numéricamente, no es tan complicado: un congresista en Colombia gana en promedio 20 millones de pesos mensuales, lo que significa ingresos totales por 960 millones en cuatro años de ejercicio, que es, en teoría, la única suma que debería recibir por su trabajo legislativo. Sin embargo, ya todos sabemos cómo funciona el tema y cuáles son los verdaderos réditos de una curul en el Congreso: tajada en los procesos de contratación estatal, pago por la inclusión de “micos” en los proyectos de ley que favorezcan a grupos de interés, pago por los favores al ejecutivo, notarías, embajadas, consulados, cuotas burocráticas en las entidades estatales y demás “negocitos” que les van saliendo. De ahí que hoy tengamos no una “demo” sino una “dinerocracia” en Colombia. En suma, si usted  va a votar por un congresista que se gasta en su campaña más de lo que recibirá como sueldo durante cuatro años, sepa desde ya que este angelito no podrá llegar al poder para hacer algo distinto de robar y cometer delitos. Por lo tanto, prefiera los candidatos de opinión, es decir, los que basan su campaña en el reconocimiento social producto de sus méritos personales y la calidad de sus propuestas. 

16 feb 2010

Sobre la naturaleza “parasitaria” del derecho y su interés como objeto más que como ciencia

El derecho sólo se hace científicamente interesante cuando se le somete a un análisis externo: Iusteoría, Sociología Jurídica, Ciencia Administrativa, Análisis de Políticas Públicas, Ciencia Política, entre otros. Los abogados sólo lidian con el bagazo de un universo fascinante.

La Sociología del Derecho, un primer encuentro con la interdisciplinariedad

La aseveración con que empiezo este escrito surge a raíz de mi parcours interdisciplinaire del último lustro, que se reafirmó ayer gracias a la clase con el maestro Vincenzo Ferrari. Tuve la gran fortuna de asistir por primera vez al espectáculo intelectual de su pensamiento hace seis años, cuando decidí escribir mi tesis para obtener el título de abogado, en el “ladrilludo” ámbito de la Sociología del Derecho. En aquella época me aventuré en forma temeraria, desde mi modesta formación de jurista, a explorar la sociología por medio de algunos autores inteligibles (Radcliffe-Brown, Malinowski, Veblen), pero también de otros que aún sigo sin entender del todo, bien sea por su densidad (Talcott Parsons), su oscuridad (Niklas Luhmann, cuya dificultad atribuí en su momento a las deficiencias en la traducción de las ediciones en castellano que debí leer, pero que el profesor Ferrari, que lo ha leído en alemán, afirma que le es intrínseca) o, sencillamente,  debido a mi incompetencia. Sin embargo, en medio de la turbación que produce siempre la navegación en aguas desconocidas, la claridad de autores como Robert King Merton (Social Theory and Social Structure, 1968) y Vincenzo Ferrari (Funciones del derecho, Debate, 1989), fueron el faro que necesitaba mi pensamiento para llegar a buen puerto, y el solaz que requería mi voluntad para terminar mi tesis de pregrado. Tesis que permanece por fortuna en el muy merecido anonimato, inédita, principalmente a causa de mi falta de talento, pero también en cierta medida por la natural reticencia que despierta un trabajo sociológico dentro de una facultad de derecho.

¿En qué consistió mi esfuerzo intelectual prematuro de aquel entonces? Intenté aplicar -con muy relativo éxito, hay que decirlo-  el paradigma de análisis de “alcance medio” (Middle Range Theory) propuesto por Merton, que distingue entre las funciones sociales “manifiestas” (las consecuencias objetivas de la acción social que son buscadas y reconocidas por los participantes en el sistema) y las funciones “latentes” (aquellas no buscadas ni reconocidas por los participantes) de las instituciones, para dilucidar varias de las del segundo género que tiene la Corte Constitucional colombiana (“Algunas funciones latentes de la Corte Constitucional en Colombia: un estudio desde el análisis funcional”, intitulé mi tesis). Es decir que quise aplicar una metodología propia de la sociología a una institución jurídica, en una empresa similar a la que el sociólogo noruego Vilhelm Aubert realizó con la legislación de su país en los años sesenta (Some Social Functions of Legislation, 1966). Aunque no quedé  del todo satisfecho con el resultado final de mi trabajo, siempre le estaré agradecido  por haberme abierto los ojos a la que hoy considero la mayor virtud que puede tener un científico social: la interdisciplinariedad.

La pelea con el normativismo

Desde entonces decidí distanciarme de cualquier enfoque normativista, por considerarlo de una aridez intelectual insoportable. Entiendo por “normativismo” la tendencia a reducir la realidad a la norma, que es la práctica más común entre los juristas a la hora de investigar, la cual resulta de extrema utilidad en los tribunales, pero nefasta para el trabajo científico. La “verdad judicial” o “procesal” poco tiene que ver con la “verdad científica”. No obstante, cabe aclarar que el rechazo de una aproximación de tipo exclusivamente normativo no supone la adopción de una perspectiva antijurídica, que termina por ser tan nociva como la primera. El derecho es una herramienta cuya buena utilización es indispensable para evitar el vicio opuesto o “antinormativismo”, que se entiende como la propensión a desembarazar de su carga lingüístico-simbólico-jurídica, una realidad cuya materia prima fundamental son las normas jurídicas, como lo es el derecho. En otras palabras, en un enfoque interdisciplinario que aborde instituciones jurídicas, la perspectiva jurídica no se puede abandonar sino que debe acompañarse de otros elementos de análisis: se trata en todo momento de ver “más allá” del derecho, pero también “por medio” del derecho.

El maestro Ferrari expresa una idea similar de la siguiente manera: “el sociólogo del derecho -pero también el historiador, el antropólogo, el politólogo, el economista-, que intentara construir una propia visión del derecho menospreciando este material normativo, se expondría al grave riesgo de alejarse del campo mismo de su observación y de hacer más ardua la comunicación precisamente con los sujetos cuya acción representa el eje de su reflexión” (Derecho y sociedad, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 63). Y, con relación a la diferencia entre las actividades del “jurista puro” y la del sociólogo, escribe: “El sociólogo del derecho enfrenta su objeto -el derecho- desde una perspectiva diferente respecto de la del jurista comprometido en el análisis y en la aplicación del derecho positivo, del “jurista positivo”, como se usa decir. En síntesis, podemos afirmar en efecto que el derecho es asumido por el jurista positivo como un elemento constante, el presupuesto y el horizonte de su acción. Por el contrario, para el sociólogo el derecho aparece como una variable, que se debe considerar y medir en relación con otras variables que influyen en la acción humana” (ídem. p. 18). Sin embargo, no se trata de renegar de nuestra formación de juristas: “si es verdad que hacer sociología del derecho significa situarse, como se suele decir, al exterior del sistema jurídico, también es verdad que es mejor adoptar esta perspectiva tras haber pasado por su interior, y ello no de manera fugaz” (p. 12). Y es que el propio profesor Ferrari, al adoptar para su sociología jurídica una definición del derecho minimalista, centrada en la noción de norma como “núcleo” alrededor del cual gira toda reflexión sobre el derecho (p. 63), se define a sí mismo como un “normativista realista” mas no formalista, es decir, como un científico social que a pesar de realizar un acercamiento externo (desde la sociología) al derecho, asume una “definición explicativa” (en términos de Scarpelli), tan estrecha cuanto rigurosa y conveniente para la aplicación empírica.

En últimas, el investigador enfrenta siempre el dilema de adoptar definiciones más o menos inclusivas, que afectan a su vez la facilidad en el manejo de los conceptos, es decir, el que éstos sean más o menos operacionales. Es lo que ocurre por ejemplo en Ciencia Política con la célebre definición de democracia, meramente procedimental, de Joseph Schumpeter (Capitalism, Socialism, and Democracy 1942): “that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote”, y otras de la misma naturaleza luego planteadas por tantos otros, entre ellos Giovanni Sartori (Democratic Theory, 1962), Robert Dahl (Polyarchy, 1971), y Samuel Huntington (1991), para quien un sistema político es democrático “to the extent that its most powerful collective decision makers are selected through fair, honest, and periodic elections in which candidates freely compete for votes and in which virtually all the adult population is eligible to vote”. Todas estas definiciones procedimentales tuvieron un éxito incuestionable por su fácil manejo y aplicación, en particular para la elaboración de tablas estadísticas mundiales sobre los niveles de “democratización” de los países, que sin embargo contrastan con la riqueza de otras definiciones más complejas, que incorporan a la noción de democracia elementos relativos a las fuentes (the will of the people) y finalidades (the common good), que hacen sin embargo su aplicación al estudio de casos u objetos concretos, más difícil. La riqueza teórica de los “ideales tipo” de Weber varía en función inversa de su operatividad empírica.

La supervivencia del Derecho Constitucional

Por mi parte, si aún disfruto y me resulta útil mi formación como constitucionalista, ello es sólo por razones que se corresponden con lo hasta aquí expuesto: pienso que lo único que ha mantenido el interés del Derecho Constitucional como disciplina en las últimas décadas -y evitado que se convierta en un fósil similar al Derecho Administrativo- ha sido, de un lado, en lo que concierne al paradigma de análisis de los derechos fundamentales y principios constitucionales, su “oxigenación” con herramientas externas como la “Teoría del Discurso” (Alexy, Gadamer, Kaufmann) y la Filosofía del Derecho (¡qué haríamos sin Dworkin!) y, de otra parte, en su dimensión institucional, el romance íntimo que ha mantenido con la Ciencia Política. Algo similar ha ocurrido en el Derecho Penal, que se ha visto enriquecido con la sociología neofuncionalista de Niklas Luhmann (y su “traductor” a la dogmática penal, Günther Jakobs), y supongo que ocurre en otras ramas del Derecho, siempre gracias al remozamiento intelectual que le instilan otras disciplinas sociales mucho más ricas. En suma, el interés del que carece el derecho como ciencia, se ve ampliamente recompensado por el que rezuma como objeto de las otras.

No quisiera terminar esta reflexión sin recordar a Gilberto Alzate Avendaño quien, con una rara lucidez para lo que suele ser la “dignidad” del abogado, declaró: "Ejerzo la abogacía. Podría asegurar que con bastante competencia, pero no lo hago. No me gusta el oficio. No obstante he trabajado con los mayores bríos, poniendo cuanto soy en el ejercicio profesional. Mi mayor anhelo es abandonar el foro porque me impresiona morir leguleyo, con el alma prendida de un inciso. Tengo demasiada imaginación para consagrarme al Derecho, que exige dotes menores, crítica y dialéctica. El abogado no crea. No produce nada útil. Es una actividad parasitaria. Para sostener a uno de nosotros, muchos campesinos y obreros tienen que estar sudando plusvalía".

En efecto, el derecho, entendido como la actividad de mera aplicación e interpretación de las normas jurídicas (paraíso de los abogados), es sin duda tan socialmente necesario (y lucrativo, desde luego), como intelectualmente estéril o “parasitario” pues, desde una perspectiva utilitarista, los abogados no somos nada distinto de los “parásitos” de los problemas (“conflictos”, dirían los sociólogos) ajenos.
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14 feb 2010

Entrevista de la CNN a Luigi Ferrajoli sobre la "War on Drugs" y la posesión de armas.

Cuando el Estado le declara “la guerra” a sus ciudadanos, se desvirtúa su función primordial civilizadora, pacificadora. El Estado debe ser fundamentalmente un instrumento de paz y no de guerra. Las palabras que utiliza el discurso oficial en sus políticas públicas no son anodinas: no sólo delimitan el alcance de las mismas sino que dejan entrever la concepción democrática y de Estado que subyace en el contexto (militarismo, prohibicionismo, limitación de la libertad, autoritarismo, violencia de Estado, etc). Declarar “la guerra al narcotráfico” es, indirectamente, declarársela a los propios ciudadanos, lo que supone un contrasentido con la teleología histórica del Estado. Los dejo con la lucidez de Ferrajoli sobre “La guerra contra las drogas”, el mayor exabrupto global de las políticas públicas:

“Esta guerra va en contradicción con la naturaleza misma del Estado  de Derecho,  que no conoce enemigos sino solamente ciudadanos. Es sobre todo una abdicación del Estado a su propia naturaleza, que es la función de garantizar la paz. El Estado nació como instrumento de paz, es decir, instrumento desde el cual se sale del estado de naturaleza, de guerra, y se establece el estado civil”.
“Hablar de guerra es un debilitamiento del Estado”.
“La fuerza del derecho consiste sobre todo en su asimetría con la violencia, es decir, que el derecho es tanto más eficaz cuanto más diferente de la violencia criminal”.
“La idea de la guerra del Estado contra sus ciudadanos, significa elevar los criminales al nivel del Estado”.
“Solamente el derecho penal permite concebir los criminales como delincuentes”.
“El Derecho Penal es la antítesis de la guerra, y tiene la capacidad de pacificar tanto cuanto utiliza las formas del derecho, el respeto de la persona, las garantías procesales para comprobar la verdad. Ésta es la fuerza del derecho. En otro caso tenemos el peligro de una regresión al estado de naturaleza, de una abdicación del Estado a su razón de ser”.
“Creo que se deberían legalizar las drogas, sustraer al monopolio criminal el tema de las drogas. Legalizar con control médico y muchas cautelas. El fracaso de estos años debería dejar claro que se trata de una política totalmente irracional”.
“La presencia de las armas en el territorio es siempre el signo de un no cumplido proceso de civilización. Se pasa del estado de naturaleza al estado civil con el desarme de los ciudadanos”.


11 feb 2010

Entrevista de la Silla Vacía a Manuel José Cepeda. Las explicaciones del ex magistrado son saludables para la democracia colombiana

La Silla Vacía entrevistó ayer al ex magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, sobre la supuesta variación de su voto en el fallo de constitucionalidad de la primera reelección, que luego se habría visto "recompensada" con el ofrecimiento de la Embajada de Colombia en Francia para su padre, Fernando Cepeda. El tema es delicado y dos de los más serios columnistas que tenemos lo habían denunciado: 


Es saludable para nuestra democracia conocer las explicaciones de uno de los juristas de mayor estatura intelectual en Colombia, sobre un episodio que ha despertado suspicacias. ¿Se apresuraron los columnistas al juzgarlo? Pienso que no: el asunto a primera vista no lucía bien y era su deber denunciarlo. Así como también era el deber del ex magistrado aclarar la situación, como lo sigue siendo el del resto de magistrados que en aquel entonces votaron a favor de la reelección y a quienes, curiosamente, como lo anota María Jimena Duzán en su columna, luego les ha ido "muy bien" con el gobierno. 
Cada quien es libre de hacerse su opinión al respecto después de leer la entrevista. Recomiendo los comentarios de los usuarios al post de la Silla Vacía, muy ilustrativos sobre el particular. 

Algunos apartes de la entrevista de La Silla Vacía:

¿Qué tanto cambia la posición inicial de los magistrados?
En la reelección pasada, como hubo cerca de 20 ponencias se supo cuál era la posición inicial en ciertos temas. En la deliberación pasada, y es público en las actas, en el arranque hubo tres ponencias que en vicios de procedimiento proponían la inconstitucionalidad del artículo sobre la reelección. Hubo seis que no consideraban que había vicio de inconstitucionalidad. Entre esos seis estaba mi posición.


¿Esa fue su posición?
Mi posición fue que básicamente una de las irregularidades alegadas, a lo sumo se trataba de una falla reglamentaria subsanable que en ningún caso podía ser considerada un vicio de inconstitucionalidad. Dije que sí en el curso del debate me convencían de lo contrario, estaba dispuesto a votar por la inconstitucionalidad. Ahí sostuve la misma posición que en casos anteriores como el del Estatuto Antiterrorista. En ese caso, fui el único que concluí que lo que cinco magistrados habían calificado de vicio de inconstitucionalidad era una irregularidad subsanable. Lo que hice fue mantener la misma posición que siempre he mantenido cuando se alegan controversias en torno al reglamento del Congreso y no respecto de la violación del texto de la Constitución.


Pero en el acta se ve que si bien usted nunca propuso la inconstitucionalidad, sí sugirió devolver la ley al Congreso para subsanar la irregularidad en el trámite.

Lo de devolver el acto legislativo al Congreso es una alternativa para que se de la subsanación. Pero esa alternativa requiere que se demuestre la existencia de la irregularidad. A lo largo del debate, uno de los magistrados que votó por la inconstitucionalidad, mostró por qué esa irregularidad no había existido, ya que en la demanda que le correspondió estudiar ese tema era central y lo había analizado con todo detenimiento. Para él, el vicio residía en un hecho diferente. Por eso, no aclaré mi voto sobre ese punto, sino que mantuve mi posición en el sentido de que en todo caso no había un vicio de inconstitucionalidad.  Eso no es ceder, sino reconocer una realidad fáctica, demostrada en el proceso con base en las pruebas analizadas de manera colectiva en la Sala Plena. Por eso tampoco aclaré el voto sobre ese punto.

¿De dónde viene la percepción de que cambió su posición? 
Para mí es inexplicable, porque nunca propuse la inconstitucionalidad. El acta es pública. Cualquiera que quiera verificar mi posición puede consultar el acta donde explico cuál es mi ponencia, así como otros explicaron la suya. En ella se verá que respecto de una irregularidad reglamentaria sostuve que era subsanable, y no un vicio de inconstitucionalidad. Creo que hay una razón política detrás de esa percepción.


¿Qué razón política podría haber? En tiempos tan candentes como este, los hechos son irrelevantes. Quienes están a favor y en contra de una segunda reelección, encuentran argumentos para sustentar su tesis. Quienes han venido sosteniendo que esta Corte no es independiente y que va a fallar a favor de la reelección, tienen que encontrar argumentos para decir que Humberto Sierra va a cambiar de posición y votará por la exequibilidad . Y quienes están a favor, tienen que mantener viva la esperanza de que el referendo va a salvarse. Dicen que cuando una persona es abierta a la deliberación puede ser convencido como Manuel José Cepeda. Tanto los unos como los otros, encuentran una forma de justificar que puede haber modificaciones.


Y además está el nombramiento de su papá como embajador en Francia, lo cual confirmaría la sospecha
Es un punto importante. Por eso cuando mi padre me contó que le habían ofrecido la embajada le dije que prefería que no aceptara porque la malediciencia era predecible. El fallo de la reelección fue en octubre de 2005 y a Fernando Cepeda le ofrecieron la embajada en agosto de 2006. Además, lo nombraron en circunstancias que se olvidan porque en épocas candentes los hechos son irrelevantes.

¿Cuáles hechos?
Se supo que la embajada en Francia se la habían ofrecido a Ernesto Samper. Andrés Pastrana era embajador en Washington y apenas se enteró se vino a hablar con Uribe. Como resultado, ni Samper fue nombrado en París ni Pastrana siguió como embajador en Washington, dado que renunció, en lo que se llamó en su momento una mini-crisis diplomática. En ese momento, se tomaron decisiones rápidas, sobre todo en Francia, donde estaba el tema de Ingrid. Entonces, le ofrecieron la embajada a una diplomática que no aceptó el cargo y luego a una persona cercana al Presidente que tampoco lo hizo. Solo en esas circunstancias, le fue ofrecida a Fernando Cepeda, quien mantuvo la aceptación a pesar de mi oposición.¿Quién puede creer que yo logré tejer esta serie de eventos inesperados para que mi padre fuera nombrado en Francia?

¿Qué dijo él?
Que cada uno había tenido sus carreras independientes, y que el nombramiento tenía que ver con su actividad académica concerniente a las relaciones internacionales durante toda una vida, lo cual es ampliamente reconocido, así como con su carrera diplomática, puesto que él había sido nombrado embajador en Londres por Barco, en la ONU por Gaviria, en Canadá por Gaviria y en la OEA por Samper.


No sé si esa percepción de que usted cambió de posición se refuerza con la idea de que a los que votaron a favor de la reelección les fue mejor con el Gobierno.

No estoy de acuerdo con eso. Creo que son lecturas que distorsionan el trabajo de una Corte y como un magistrado concibe su función. Estoy seguro que ningún magistrado le ha pedido ningún favor al gobierno. Son lecturas facilistas. En lo que a mí respecta, fui ponente de las dos sentencias más duras y costosas para el gobierno: la T-025 de 2004 sobre desplazados y la T-760 de 2008 sobre salud.

¿Qué tanto pesó en su posición sobre el fallo de la reelección la convicción de que la supervivencia de la Corte estaba en juego si fallaban en contra de Uribe?
Nunca creí que el fallo, cualquiera que fuera su sentido, dejaría de ser acatado. Mucho menos que acabaría con la Corte. La tutela, los derechos, la independencia judicial y el rigor que ha demostrado la Corte son los cuatro pilares de su legitimidad.

Lo anterior no significa que la sostenibilidad de la Corte y la consistencia de la jurisprudencia en el largo plazo sean irrelevantes. Lo es en todos los casos donde se da un paso importante. En el caso de 2005, ello se reflejó en la conclusión de la Corte en el sentido de que se permite la reelección pero por una sola vez. Es una posición equilibrada que se proyecta en el funcionamiento de las instituciones en el largo plazo.

También era relevante para mí la unidad de la Corte. Rara vez aclaré el voto para exponer mi visión personal de los temas, que la tengo en casi todos los fallos que suscribí. Por eso, en el fallo de la reelección en 2005 no aclaré el voto. Lo esencial para mí era que, en derecho, nada militaba a favor de la tesis de la inconstitucionalidad, convicción inicial que creció a medida que avanzó el análisis colectivo de los temas.

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9 feb 2010

El fallo de la Corte sobre el referendo reeleccionista: lo que está en juego es más que las aspiraciones electoreras del caudillo de turno


La ponencia de Humberto Sierra Porto a favor de la declaratoria de inexequibilidad de la ley que convoca al referendo reeleccionista, alegró pero no sorprendió. Coherente con su postura en fallos anteriores de no revisar el contenido sino sólo la forma de las reformas a la Constitución (interpretación estrictamente positiva que se desprende del texto del articulo 241 de la Carta que así lo ordena), el magistrado encuentra que la ley 1354 tiene por lo menos 4 vicios de forma insubsanables: (1) el cambio sustancial de la iniciativa popular al modificarse el texto de la pregunta en el debate en Senado; (2) la violación de los topes legales para la financiación del referendo; (3) la invalidez de los votos de cinco representantes “voltiarepistas” que se fueron de Cambio Radical y cuyo derecho al voto estaba suspendido al momento de la votación como sanción del “Comité de Ética” de esa colectividad; (4) la ilegalidad de la convocatoria a las sesiones extras para votar el proyecto de ley.
Se discute si el sentido, e incluso apartes del texto proyectado, debieron o no hacerse públicos antes de que se conociera la providencia definitiva. Se sostiene como argumento para conservar la reserva, el prevenir las presiones de las que en adelante serán objeto los magistrados por cuenta de haber abierto el debate. Sin embargo, el tema no ofrece dificultades: la publicidad, tratándose de asuntos de relevancia institucional nacional, es sinónimo de democracia. El país tiene el derecho a conocer lo que los magistrados deciden y argumentan, y no sólo el resultado final sino el “proceso de formación de su voluntad”, como dirían los abogados civilistas. Por eso sería conveniente también que los debates fueran televisados en directo, como ocurre en México. Así, si los magistrados deciden apartarse del interés general y privilegiar el personal para emitir el fallo, deben asumir el costo político de sus decisiones. Porque no nos llamemos a engaños: tratándose de fallos de constitucionalidad de estas características, las fronteras entre lo jurídico y lo político se tornan particularmente difusas, lo cual no debe escandalizar pues es el corolario de la naturaleza del control constitucional. Los tribunales constitucionales son los defensores naturales de las constituciones, y las constituciones son “pactos jurídico-políticos” fundadores. Por esta razón no es gratuito que se hable de la “Constitución política” de un país. Lo que importa en realidad es la calidad de la sentencia, es decir, la plausibilidad de los argumentos esgrimidos por los magistrados para sustentar sus opciones jurídico-políticas, o de “filosofía política”, para ponerlo en términos de Dworkin.
Ahora bien, fuera de la posibilidad de que Álvaro Uribe se presente como candidato a las próximas elecciones presidenciales, el fallo sobre el referendo reeleccionista sobrepasa los efectos meramente electorales. Lo que se discute en esta providencia son los cimientos del edificio constitucional y democrático del país. Veamos brevemente lo que está en juego:
1. El modelo de estado. Se trata de definir si continuamos con el proceso de realización del Estado Social de Derecho que la Constitución del 91 estableció como derrotero, o si regresamos a un modelo excluyente y reaccionario.  Es lo que Mauricio García Villegas caracteriza como una “tensión entre dos modelos de sociedad” (“Mayorías sin democracia”, DeJusticia, 2009): de un lado, un proyecto de estado transformador, liberal y redistributivo, y del otro uno conservador, regresivo y autoritario. Este dilema se desdobla en otros trascendentales como el de las relaciones Iglesia-Estado: Estado laico Vs. Estado confesional, este último con su emblemático procurador-párroco adalid de la moral católica y las “buenas costumbres”, el “gustico” del Presidente y demás exabruptos medievales. Y de otro lado en el debate sobre si queremos un estado liberal (aquel donde las normas sólo regulan ciertas materias y en especial sus principios fundamentales, dejando un amplio margen de maniobra a la autonomía privada de la voluntad) o totalitario, donde existe una gran cantidad de normas que rigen casi todos los aspectos de la vida en sociedad, de modo que el alcance de la autonomía de la voluntad resulta sensiblemente reducido, verbigracia: prohibición del aborto, de la dosis personal y del matrimonio homosexual, entre otros
2. Si triunfa el Estado de Derecho o el llamado “cuerpo doctrinario del Presidente Uribe”, a saber: reeleccionismo presidencial, “cohecho unilateral”, “ternas de uno”, Estado de opinión, confesionalismo estatal, regresividad tributaria, asistencialismo para los ricos, violación de topes de financiación de campañas electorales, burocratización de los organismos de control, espionaje de Estado, “falsos positivos”, acoso a altos magistrados, militarismo, autoritarismo, prohibicionismo, defensa apasionada de la incompetencia ministerial, impunidad,  corrupción desenfrenada, “el fin justifica los medios”, entre otros GRANDES PRINCIPIOS RECTORES DEL URIBISMO.
3. La independencia del poder judicial. En este momento la Corte Constitucional está parcialmente “tomada” por el ejecutivo y su independencia comprometida con la presencia de tres magistrados nombrados de “ternas de uno” enviadas por el Presidente: Mauricio González (actual presidente de la corporación, más conocido como el “Doctor Salsa”), Jorge Pretelt (el autor del libro “Por qué votar SÍ al referendo”, publicado en 2003) y María Victoria Calle. A esta tripleta estelar se suma el  magistrado Nilson Pinilla, cuya cínica simpatía por el uribismo es ampliamente conocida y además cataloga de "fantasioso" el proyecto de fallo del magistrado  Sierra Porto, mientras se lamenta en silencio de que el país haya podido conocerlo. Está por verse qué tan autónomos serán estos cuatro magistrados a la hora de fallar sobre el referendo: ésta es su única oportunidad para liberarse del estigma de títeres del gobierno. O la toman o la dejan.
4. El modelo general de equilibrio de poderes del régimen político colombiano (checks and balances). Si se continúa con la tradición presidencialista del modelo latinoamericano, acentuando los poderes del ejecutivo, o se intenta un rebalance limitando, al menos en el tiempo, el ejercicio presidencial.
5. En términos jurisprudenciales y de exégesis constitucional, se decide si en Colombia prima una visión sustancial o formalista del derecho constitucional. Si lo importante es la constitución material, los contenidos, o el mero respeto de las formas constitucionales, sin importar lo que ordenen. Así, lo que por algunos magistrados es visto como una “audacia” de la Corte al desbordar con el control material de las reformas las competencias que le otorga el artículo 241 (doctrina de los límites implícitos al poder de reforma y teoría de la "sustitución constitucional"), para otros no es sino la consecuencia necesaria de una visión sustancial y de conjunto del sistema constitucional desde sus cimientos (para una explicación detallada de este argumento pinche aquí).
6. El tipo de democracia. Si tenemos un modelo de democracia material, compleja y actualizada con  conceptos como: equilibrio y mecanismos de mutuo control del poder, operatividad de los organismos de control, principio de alternancia en el poder, derecho efectivo de oposición, absoluta libertad de prensa, entre otros. O si por el contrario optamos por una democracia plebiscitaria, populista o “delegativa” (O’Donnell, 1994), distintos eufemismos para denominar a la “pseudodemocracia”, y donde prima la paupérrima visión del “Estado de Opinión”.
6. Si las instituciones priman sobre las personas o al revés (personalización del poder), es decir, si tenemos una democracia madura o impúber.
7. Si el principio fundamental democrático de alternancia en el poder opera o no en Colombia.
8. Y por último: si tenemos magistrados íntegros, independientes, insobornables, verdaderos juristas con peso académico y moral, o abogadillos mediocres que se venden al mejor postor, simples marionetas o “fichas” de un proyecto de estado politiquero y corrupto.

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Nota: si alguno de los lectores se interesa por los textos aquí citados o evocados, no dude en escribirme a florezjose@gmail.com. De estar en mi poder en versión digital los enviaré a vuelta de correo. Por razones de derechos de autor no puedo publicarlos en el blog, pero su distribución para uso personal está autorizada.

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